WASHINGTON - Oficiales de inmigración federales, quieren darles a las agencias locales para el respeto de la ley nuevos métodos para identificar a los inmigrantes ilegales encarcelados en cárceles locales y prisiones.

El programa “Comunidad Segura” le daría a los departamentos de policía local, la posibilidad de verificar las huellas digitales de los prisioneros al mismo tiempo en las bases de información federales de ciudadanía y en los archivos de crímenes del FBI, lo que constituye un primer paso hacia la deportación.

Oficiales de inmigración informaron haber deportado a aproximadamente 95,000 inmigrantes ilegales con antecedentes penales el último año. Ellos estiman que alrededor de 300,000 a 450,000 de este tipo de inmigrantes son detenidos cada año en prisiones federales, de estado y locales.

Oficiales para la seguridad nacional dijeron que tomará alrededor de tres años y medio antes de lograr sacar a los inmigrantes ilegales que a su vez son violentos criminales.

Tres representantes Republicanos de Virginia ante el Congreso–Eric Cantor, Thelma Drake y Robert Wittman–le escribieron a Julie Myers, secretaria asistente a la secretaria de inmigración y aduanas el pasado 27 de febrero, en busca de un proceso más rápido y simple para verificar la ciudadanía de sospechosos criminales.

“Esta iniciativa se propone identificar y retirar a los extranjeros condenados por crímenes,” dijo Myers en una declaración.

En la actualidad, los oficiales locales no tienen acceso directo a los bancos de información de la ciudadanía. El congreso estima que se necesitan $200 millones este año para comenzar el programa, pero los oficiales de inmigración opinan que esto no será suficiente. Según ellos, costaría alrededor de 2 billones de dólares anualmente el identificar y deportar cada criminal bajo custodia – basado sobre el costo de uso de las instalaciones de detención federales, el personal además del transporte de estos últimos hacia sus países natales.

Los tres representantes de Virginia aplaudieron el acercamiento coordinado para la seguridad pública y el control de la inmigración, pero estaban dudosos sobre los costos estimados de la agencia.

“Mi problema es el precio que le están poniendo,” dijo Wittman. “Yo espero que podamos encontrar maneras mas eficaces.”

Actualmente, el departamento de correccionales de Virginia les somete los nombres de nacidos en el extranjero a los oficiales de inmigración, quienes luego determinan el estatus migratorio de cada uno de los prisioneros y si la persona debe ser colocada bajo custodia federal luego de ser liberados por Virginia.

El nuevo plan les daría a los oficiales correccionales de Virginia la posibilidad de verificar ellos mismos la ciudadanía de los prisioneros.

“Estamos en espera de nuevas iniciativas que mejoren nuestra relación y al mismo tiempo que mantengan la seguridad dentro de la comunidad,” dijo Larry Traylor, portavoz para el Departamento de Reclusorios de Virginia.

El plan toma un enfoque sobre el riesgo para deportar presos inmigrantes ilegales, comenzando por los condenados por asesinato, violación y crímenes mayores de la droga.

–Neil H. Simon/ Media General News Service

(Publicado-25 de abril, 2008)