En el pintoresco vecindario de Manassas con antiguas casas de ladrillos rojos, un enorme cartel recibe a los turistas y viajeros suburbanos, no precisamente instalado por la Cámara de Comercio local.
“El CPW y Manassas, capital nacional de la intolerancia’’, declara, en letras rojas y azules pintadas a mano. El letrero, de 12 metros (40 pies) de largo y 3,50 metros (12 pies) de ancho, se alza en la propiedad de Gaudencio Fernández, de 47 años, un contratista que inmigró a Estados Unidos desde México en 1979.

Decenas de mexicanos –- incluyendo policías, empresarios, al menos un fiscal y un periodista –- buscan asilo político en Estados Unidos en un desesperado y probablemente infructuoso intento por escapar de una ola sin precedente de matanzas y secuestros relacionados con el narcotráfico al sur de la frontera.

Según la ley estadounidense, el temor al delito no es en sí motivo para conceder asilo político.

Este era un sitio olvidado antes de que Estados Unidos decidiese albergar aquí a sospechosos de terrorismo luego de los ataques del 11 de septiembre del 2001. Y pronto podría volver a serlo.
Es evidente que los días de este centro de detención están contados. El principal argumento del gobierno de George W. Bush para retener a los sospechosos aquí, sin enjuiciarlos, perdió validez cuando la Corte Suprema dispuso el pasado 12 de junio que esos presos tienen ciertos derechos legales. Tanto John McCain como Barack Obama, uno de los cuales sucederá a Bush a principios del 2009, han pedido el cierre del centro de detención.

El Presidente Felipe Calderón sancionó una amplia reforma judicial que busca terminar con procesos considerados cerrados y corruptos, al tiempo que dota de mecanismos con los que el gobierno espera combatir mejor el crimen organizado.

Una demanda federal que emplea una estrategia novedosa para combatir el derecho de un propietario a rentarle a indocumentados está azuzando las tensiones que llevan años incrementándose en esta ciudad al sur de Newark. Un grupo que se opone a la inmigración sin papeles demandó este mes a una compañía que administra propiedades en Plainfield, para evitar que los propietarios de viviendas se las renten a inmigrantes sin documentos de residencia legal.