WASHINGTON (AP)— Un informe del Departamento de Justicia divulgado el lunes señaló que la política influyó de manera ilegal en la contratación de fiscales y de jueces de inmigración, y asignó gran parte de la responsabilidad a importantes asesores del ex secretario de Justicia Alberto Gonzales.

Gonzales no estaba mayormente al tanto de las decisiones sobre la contratación de personal por parte de sus dos ayudantes, según el informe de la Oficina del Inspector General y Responsabilidad Profesional del Departamento de Justicia.

El informe criticó en particular a Monica Goodling, ex funcionaria del departamento encargada de vinculación con la Casa Blanca. Dijo que ella violó las leyes federales y las normas del Departamento de Justicia al discriminar a solicitantes de empleo que no fuesen del Partido Republicano o simpatizantes de las causas conservadoras.

Tony Fratto, vocero de la Casa Blanca, restó importancia al informe, e indicó que “verdaderamente no contiene muchos datos nuevos”.

El gobierno federal hace una distinción entre los llamados funcionarios “de carrera designados” y los de “designación política”, y ha sido una costumbre consuetudinaria que los funcionarios de carrera no sean contratados por su filiación política o sus lealtades partidistas.

El informe de 140 páginas no indica si Goodling o Sampson podrían ser acusados de delito o falta alguna. Ninguno de ellos trabaja ya en el Departamento de Justicia, al igual que otros mencionados en el informe, por lo que evitarán las sanciones que pudiera haberles impuesto el departamento.

En el informe no se indicó si Goodling o el ex jefe de personal Kyle Sampson enfrentarán acusaciones, pero investigadores del Departamento de Justicia dijeron que Goodling podría perder su licencia para practicar la abogacía como resultado del informe.

De acuerdo con la investigación, los asesores de Gonzales descartaron a solicitantes que pertenecían al Partido Demócrata. Al menos en una ocasión, agregó, Goodling rechazó a una solicitante porque era lesbiana.

El informe representa la culminación de un año de investigaciones por parte del inspector general del Departamento de Justicia, que intentó determinar si la política influyó en la designación de fiscales y de jueces de inmigración.

La ley señala que el Departamento de Justicia tiene que estar por encima de la política partidista y ser imparcial.

La investigación se inició luego que algunos legisladores demócratas denunciaron la intromisión de la Casa Blanca en los asuntos internos del Departamento de Justicia a raíz del despido de nueve fiscales federales a fines del 2006.

Gonzales renunció a su cargo de secretario de Justicia a fines de septiembre del 2007, en parte por las denuncias.

(Publicado - 1 de agosto, 2008)