ROSWELL, Nuevo México (AP) – El último año de Karina Acosta en la Escuela Secundaria Roswell llegó a un final inesperado después de que fue multada por haber bloqueado un carril de incendios frente a una escuela y por conducir sin licencia.

El policía que la detuvo, un agente de Roswell asignado a la escuela, le exigió una prueba de estancia legal en Estados Unidos. Acosta, una indocumentada, no poseía ninguna. Por ello, el policía llamó a las autoridades de inmigración y Acosta, de 18 años y embarazada, fue deportada a Chihuahua, México.

Un fallo de la Corte Suprema emitido en 1982 garantiza a los niños que se encuentren ilegalmente en territorio estadounidense el derecho a una educación pública, y dice que las escuelas no pueden preguntarles sobre su estatus migratorio. Las autoridades federales tienen una política de no aplicar las leyes de inmigración en terreno escolar.

El episodio ha causado furor en la localidad, pues los maestros y otras personalidades se han quejado de que el caso de Acosta violó el espíritu, si no la letra, de una decisión de la Corte Suprema que prácticamente ha convertido a las escuelas públicas en sitios seguros para inmigrantes indocumentados.

“La escuela era considerada un lugar al que podías venir sin tener que preocuparte’’, señaló la maestra Coreta Justus, de la Secundaria Roswell, de 1.300 estudiantes. “Mi trabajo es educar a todas las personas que ingresen a mi salón de clases’’.

Los estudiantes se manifestaron por la avenida principal de Roswell, quejándose de racismo y de tratamiento injusto, y eso generó una contraprotesta de adultos. Padres iracundos enfrentaron a las autoridades escolares, el policía fue retirado de la escuela y el programa que lo colocó en la secundaria fue suspendido.

Por lo menos un maestro denunció que varios estudiantes faltaron varias semanas a clases tras el incidente, temerosos de que pudieran correr la misma suerte que Acosta.

Tres meses después, el caso de Acosta aún divide a la población en Roswell, una localidad ubicada a unos 320 kilómetros (200 millas) al norte de la frontera con México, la cual tiene un sector turístico erigido en torno a un presunto accidente de un OVNI en esa región en 1947 y que presuntamente fue encubierto por el gobierno estadounidense.

Roswell tiene una población de 45.000 habitantes, de los cuales aproximadamente el 44% son hispanos.

Para Marisol Pérez, del Fondo Mexico-Estadounidense para Educación y Defensa Legal, las acciones de la policía fueron “ciertamente cuestionables y problemáticas’’, pues el caso fue “sólo una repetición’’ de otro en el que tres estudiantes fueron arrestados en una escuela secundaria en Albuquerque en el 2004 bajo acusaciones de ser indocumentados. Los estudiantes demandaron a la policía, que se vio obligada a llegar a un acuerdo.

La catedrática Jennifer Moore, que enseña derecho internacional, derechos humanos y derechos de los refugiados en la Universidad de Nuevo México, señaló que hacer que los estudiantes sean vulnerables de deportación en las escuelas es “burlarse’’ de su derecho a la educación pública.

Además, esto está ocurriendo “en el mismo lugar (la escuela) donde tienen las mayores posibilidades de obtener las capacidades que necesitan para participar en esta sociedad en la que viven’’, agregó Moore.

(Publicado-07 de marzo, 2008)