MANASSAS—La indocumentada Inés Olivia Martinez, quien se mudó de México a Virginia hace dos años, se pregunta a dónde acudirá para que su familia reciba atención médica.

Incluso su hijo de 13 años, quien padece retraso mental, señala ansiosamente hacia los automóviles de la policía, evidenciando el miedo de su familia a una redada local contra los inmigrantes sin residencia legal.

El caso de la familia Martinez ocurre luego de que dos condados del norte de Virginia aprobaron ordenanzas para negarle servicios públicos a las personas que no puedan comprobar que residen legalmente en el país.

Las iniciativas aprobadas en julio en los condados Prince William y Loudoun han acaparado la atención de varios gobiernos locales de Estados Unidos, que creen que el gobierno federal no ha hecho lo suficiente para frenar la inmigración indocumentada.

Las resoluciones de Virginia tomaron una postura más directa contra los inmigrantes, a diferencia de otras poblaciones que se han enfocado en sancionar a los propietarios que alquilen inmuebles a inmigrantes sin documentos y a los patrones que contraten indocumentados a sabiendas de que no contaban con sus papeles.

La Asociación Nacional de Condados dice que los dos condados de Virginia son los primeros que se sabe han aprobado ordenanzas diseñadas a negarle servicios públicos a los indocumentados.

Y probablemente no serán los últimos. Las autoridades de otros condados de Virginia han dicho que planean seguir el ejemplo. El patrocinador de la iniciativa en Prince William asegura que ha recibido varios correos electrónicos que elogian la resolución.

El nuevo acercamiento podría ser copiado mientras algunas poblaciones están decidiendo deshacer sus planes de castigar a los propietarios y los patrones, luego de que un juzgado federal falló el mes pasado contra una ordenanza similar en Hazleton, Pennsylvania.

También es probable que las iniciativas adoptadas en el norte de Virginia enfrenten impugnaciones legales. La organización hispana Puerto Rican Legal Defense and Education Fund ha amenazado con demandar al condado de Prince William.

Por su parte, la Unión Estadounidense para la Defensa de las Libertades Civiles (ACLU) ha dicho que las restricciones de servicios públicos significan discriminación, pero que aguardará hasta ver cómo se aplicará la negativa antes de adoptar acciones legales.

El comité directivo del poblado de Riverside, en Nueva Jersey, decidió esta semana deshacer una ordenanza con la que buscaba sancionar a quienes alquilaran inmuebles a inmigrantes indocumentados o a las empresas que les dieran empleo, conocida como Immigration Relief Act.

Las autoridades de township dijeron que estaba costando demasiado enfrentar demandas entabladas contra el poblado después de que se adoptó la ordenanza hace más de un año.